Por Agustín Moreno.
La fiscalía está solicitando penas totalmente desproporcionadas y sin justificación, en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal. Lo mismo que las sanciones que establece la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza”. Con ella, se podrán interponer multas de 30.000 a 600.000 euros por el ejercicio del derecho de huelga; de 600 a 30.000 euros por encierros; otras cantidades por perturbar la tranquilidad ciudadana, por resistencia pacífica, por grabar a la policía…. ¡hasta de 600 euros por colocar una pegatina en un bien público o privado! Es decir, que habrá que jugársela para hacer sindicalismo y defender a los trabajadores.
Este mismo día nos desayunamos con la comparecencia de algunos sindicalistas en la Audiencia Nacional imputados por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid. Y seguimos con El País que titula en primera página: “CCOO de banca gastó 14 millones en comidas y viajes en cinco años”. El día anterior el titular era: “CCOO de banca pagó 3.7 millones en sobresueldos a sus delegados”. El interés del periódico puede ser cualquiera, desde la simple información al ataque directo al sindicato o al intento de engrasar el nuevo pacto de moderación salarial que se está negociando. O todo a la vez. Pero, lo cierto, es que más allá de las imprecisiones que pueda tener, parece bastante documentado y refleja unas prácticas sencillamente impresentables.
Por ejemplo, define mal cuando habla de “delegados” porque la información refleja que son los dirigentes del sindicato, una pequeña nomenclatura que goza de los privilegios que aparecen. Sobresueldos, como los llama El País, o el eufemismo de “retribuciones complementarias” como lo denomina CCOO de Banca (Comfia), pero que no son otra cosa que un salario más que reciben (además del salario que cobran de la empresa los liberados) y que alcanza a cantidades nada despreciables, de hasta 20.000 euros al año en algunos casos. Pueden ser hasta legales ¿pero justos y éticos? El montante es de 3,7 millones de euros en total de complementos salariales de 2008 a 2012, años de crisis en los que se destruyeron 45.000 empleos en el sector. Seguro que habrá gastos justificados en viajes y acción sindical, pero aquellos de comidas en restaurantes selectos (alguno propiedad de exdirigentes de Comfia) y otros sin justificar recuerdan la barra libre de las tarjetas black. Y tampoco está claro de dónde sale la financiación para cubrir estos dispendios. Muy mal si es de la cuota de los afiliados y peor si sale de las entidades financieras, y no está claro el concepto.
Lo más grave de todo esto es que el tema se podía haber detectado e impedido hace años. En 2007 saltó a la prensa la inexplicable e inexplicada fortuna amasada por la entonces secretaria general de banca de CCOO. A pesar de las peticiones de investigación y la exigencia de adoptar medidas contundentes que se hicieron (a nivel público y en los órganos de dirección), se taparon las cosas por la dirección oficialista. Si no se hubieran puesto tantas manos en el fuego para justificar lo injustificable y se hubiera actuado de inmediato, quizá CCOO se podría haber ahorrado el actual escándalo y el de las tarjetas black de Caja Madrid, que también afectó a la pareja de la exsecretaria general. Ha habido demasiada complicidad porque Comfia ha sido un puntal del aparato y de los secretarios generales posteriores a Marcelino Camacho.
Mal asunto si toda la explicación es como la entrevista de El Intermedio con las patéticas respuestas del secretario general de Comfia, basada en la lógica del yo me lo merezco porque trabajo mucho, había que motivar o repartíamos porque había para repartir. La campaña en las redes sociales para quitar filo a los hechos hace ruido pero no es nada convincente. Como tampoco vale el argumento de que si nos votan es que está bien hecho todo lo que hacemos. Es la reacción típica y tópica de los viejos aparatos políticos cuando resultan cogidos en renuncio.
Lo fundamental es responder a estas preguntas: ¿los dirigentes sindicales tienen que tener privilegios respecto a los afiliados y a los trabajadores? ¿Es ético recibir financiación de las empresas? Para mí la respuesta es clara: No, en absoluto, y creo que opinan lo mismo la inmensa mayoría de los afiliados y afiliadas. El daño que hacen estos escándalos y conductas a la credibilidad de CCOO es enorme. Por eso, la siguiente pregunta es ¿a qué espera la dirección confederal del sindicato para dar explicaciones, actuar contundentemente y limpiar la casa? Porque la decencia del sindicalista que está repartiendo hojas a las siete de la mañana, la de aquel que está pendiente de cárcel por una huelga o la de la plantilla de Coca Cola de Fuenlabrada, por poner un buen ejemplo, es incompatible con la falta de decencia de unas pocas personas. Interesadas “penélopes” que deshacen el trabajo que la mayoría construye honestamente. Y no se nos olvide algo muy obvio: nada puede cambiar el que imita lo mismo que dice combatir.
Publicado o 18/02/2015 en www.cuartopoder.es
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