Por Jesús Maraña.
No está en discusión el derecho a la libertad de expresión. Cada cual es libre de pensar y expresar (por ejemplo) que la identidad de género tiene una relación directa con los genitales, del mismo modo que alguien puede negar la evidencia del cambio climático o que la Tierra gira alrededor del sol. De hecho quienes defienden que un ser humano con testículos no puede ser mujer son los mismos que creen a pies juntillas que María engendró a Jesús sin dejar de ser virgen. Con su pan se lo coman. Pero páguense el pan. No es admisible calificar de “utilidad pública” una asociación dedicada al proselitismo de una ideología medievalista y contraria a los valores constitucionales. Sus donantes no deben tener derecho a desgravar un solo euro por apoyar acciones agresivas contra los fundamentos de la convivencia democrática.
No tiene sentido en nuestro sistema democrático castigar penalmente mensaje alguno, por disparatado u ofensivo que sea, salvo aquellos que inciten de manera clara y efectiva a cometer delitos concretos o vulneraciones de derechos. Como apuntaba laprofesora Ana Valero en estas mismas páginas, “sólo cuando la palabra suponga un peligro claro e inminente para las personas podremos decir que estamos en presencia del discurso del odio”. No pedimos “desmantelar la cúpula de Hazte Oír”, como a sus promotores (y a su amigo el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz) les gustaría claramente hacer con cualquier asociación de defensa de los derechos de lesbianas, homosexuales y transexuales. Combatiremos su discurso discriminatorio y ofensivo para la dignidad humana con el valor de la palabra y con la racionalidad. Lo que sí exigimos es que sus dislates dejen de ser sostenidos o facilitados por el erario público.
No cuela en este asunto la pretensión gubernamental de ponerse de perfil. Algunos portavoces del Ejecutivo y del PP se han distanciado incluso de Hazte Oír y su autobús, pero basta revisar la hemeroteca y el BOE para comprobar que llevan muchos años yendo de la mano en todas las campañas políticas y acciones judiciales promovidas contra los derechos básicos de igualdad de género o de libertad sexual. Si ahora, cuando han perdido la mayoría absoluta, han visto la luz del respeto al derecho al aborto, al matrimonio homosexual o a la libertad para cambiar de sexo, pueden demostrarlo fácilmente retirando a Hazte Oír esa “utilidad pública” de la que sacan un provecho crematístico a costa de la caja de todos.
El propio Ministerio de Educación debería poner al descubierto las falacias en las que basa su discurso esta organización ultraconservadora. Porque no es cierto que haya gobiernos autonómicos que promueven nada menos que la “conversión de individuos en homosexuales”, como también es falso que algunos libros citados por Hazte Oír sean de uso “obligatorio” en los colegios. Estiran la llamada posverdad (o prementira) para disimular lo que en realidad no aceptan: la obligación constitucional de enseñar en las escuelas, sean públicas o privadas, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación, el pluralismo y, por tanto, el conocimiento de las distintas opciones de orientación e identidad sexual. Todo particular o colectivo que no acepta esos principios democráticos y constitucionales tiene derecho a discrepar, pero en ningún caso a negar la educación de sus hijos ni mucho menos ahacer proselitismo de la discriminación a costa del erario público.
Por último, resulta patético que la ruidosa provocación de Hazte Oír permita difuminar las gravísimas agresiones al funcionamiento democrático que se vienen produciendo en las últimas semanas. Si una amplísima mayoría escuchara más y oyera menos, hoy no podrían seguir en sus cargos ni el presidente de Murcia ni el fiscal general del Estado ni el ministro de Justicia. Sobran los motivos para denunciar que han quebrado un mimbre tan básico en democracia como la separación de poderes.
Publicado en www.infolibre.es
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