Adiós Torres-Dulce, adiós

Por José María Mena.

J.M. Mena

Eduardo Torres- Dulce era, desde hace tres años, Fiscal General del Estado. Acaba de dimitir, según él mismo ha dicho, por razones personales. Hay distintas versiones o conjeturas sobre cuáles son esas razones. Hacía tiempo que se comentaba su incomodidad o disgusto por la dificultad para mantener frente al Gobierno unos niveles decorosos de autonomía. Su reivindicación ante la clamorosa insuficiencia de medios personales y materiales para la actividad diaria y para la persecución de delitos económicos complejos, tampoco fue, nunca, atendida por el Gobierno.

Pero todo esto debiera haberlo previsto Torres-Dulce desde que le nombraron. Es un fiscal veterano, y sabía que siempre ha sido así. Es razonable que muchos piensen que las razones personales han sido otras, o por lo menos, que, además, hay otras razones “personales”.

El mundo de la justicia parece que lleva tiempo revuelto, pero lo que realmente está revuelto es el mundo en el que la justicia debería intervenir para resolver los conflictos. Si nuestro mundo fuera un encuentro deportivo, sería un partido de alto riesgo, sucio y enmarañado. El peor escenario para los árbitros. La justicia, como árbitro de este país nuestro, no da la talla. El papel de la fiscalía tampoco es satisfactorio, obligada a la objetividad del árbitro, y a la combatividad del contendiente, como si desde la banda el entrenador le instara a grandes voces que de más leña, o a entretener el juego, a perder el tiempo, o a retirarse del terreno de juego para que entre otro en su lugar. El papel de ese entrenador es el que hace el Gobierno. No debe olvidarse que la institución del fiscal, desde los tiempos remotos de su nacimiento en Francia, siempre fue un puente entre el Poder Ejecutivo y el Poder judicial. Un órgano de comunicación o un caballo de Troya, según los momentos históricos, los gobiernos, y las circunstancias.

En las actuales circunstancias, para entender lo que está pasando en la fiscalía debemos recordar que sólo hace nueve meses, el que entonces era Fiscal Superior de Cataluña realizó una declaraciones atinadas y prudentísimas sobre el proceso soberanista catalán, sin salirse un ápice de su marco técnico jurídico, y fue cesado fulminantemente, al día siguiente, por Torres-Dulce. Dicen los mentideros de Madrid que el Fiscal General había recibido el siguiente recado del Gobierno: o la cabeza del catalán o la tuya. Gallardón era el ministro de Justicia, aunque por poco tiempo. Para Torres-Dulce debió ser un paso amargo, porque entre él y el fiscal de Barcelona había una antigua amistad.

Torres-Dulce salvó la cabeza con dificultad y alto coste personal, en el primer incidente relacionado con el soberanismo catalán, el Marzo pasado. Ahora no ha podido.

Llegó lo del 9-N. Aquella gran manifestación cívica escenificada como si fuera una consulta popular, pero con urnas de cartón. Había dos posibilidades ante lo que desde el Gobierno se consideró una osadía del President Mas: o tratarla como una iniciativa política desde márgenes exclusivamente políticos, o tratarla como un desafuero jurídico, utilizando las severas herramientas jurídicas. Se recurrió al Tribunal Constitucional, que se limitó a la mínima respuesta procesal, inevitable, de admitir a trámite el recurso del Gobierno. El Gobierno, no satisfecho con esta cauta respuesta jurídica, pretendió servirse de la represora herramienta judicial penal. Varias voces caracterizadas del Gobierno y del PP quisieron lucir su rigurosa intolerancia anunciando la inmediata querella de la fiscalía, cuya credibilidad como institución dotada de autonomía quedaba, así, en entredicho. Para esto el Gobierno necesitaba a Torres-Dulce. Pero como el President y sus Consellers son aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Torres-Dulce necesitaba, a su vez, a la Fiscalía Superior de Cataluña.

Entonces empezó la breve película que dio al traste con el Fiscal General. Estos son los principales pasajes del cortometraje:

1. La Fiscalía Superior de Cataluña, por unanimidad, decidió remitir a Madrid un riguroso y extenso informe estimando que no había base jurídica para interponer la querella.
2. La Fiscalía General, con un criterio “casualmente” idéntico al del Gobierno, persistió en su perspectiva criminalizadora, ordenando la interposición de la querella. 3. El Fiscal Superior de Cataluña invocó el excepcionalísimo artículo de la objeción de conciencia, reglamentariamente previsto para desatender una orden superior.
3. El Fiscal General no atendió las razones de los fiscales de Cataluña, y ratificó definitivamente su orden.
4. La Fiscalía Superior de Cataluña se querelló contra el Gobierno de Cataluña, con base en unos criterios que le han sido impuestos jerárquicamente, y que no comparte.
5. El Tribunal Superior se encuentra en la siguiente tesitura: o bien rechazar la querella, coincidiendo con lo que piensan los fiscales de Cataluña, pero rechazando lo que escriben, contra su voluntad, en el escrito presentado, o bien admitir la querella, según lo que se pide en el escrito dictado por Torres-Dulce, pero sabiendo que es lo contrario de lo que piensan los fiscales que, si sigue adelante el caso, deberían mantener la acusación. Vaya lío.

Pero en todo este trámite Torres-Dulce no demostró la contundencia y prontitud que el Gobierno deseaba. Los pausados ritmos jurídicos y procesales se impusieron a los ritmos políticos, siempre acelerados, ansiosos. El caballo de Troya del Ejecutivo en el Judicial no ha funcionado. El Fiscal General, en tantas ocasiones criticado y criticable, se va como jurista, con dignidad. A ver qué hace ahora el Gobierno con la Fiscalía, con un nuevo Fiscal General, con los tribunales y con el soberanismo…


Publicado o 18/12/2014 en http://lamentable.org

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Reformar la justicia a peor

Por José María Mena.

J. M. Mena

Todos quieren aparentar que pretenden reformar la administración de justicia, pero ponen especial cuidado en no cambiar nada, o, como ahora parece, en cambiar a peor. Al final del gobierno de Zapatero, el Ministro de justicia Caamaño, que acababa de relevar a Fernández Bermejo, presentó un completísimo y extenso Anteproyecto de reforma de la ley procesal penal que, razonablemente, ya estaría casi completado por el anterior Ministerio. Caamaño lo presentó cuando ya era imposible su tramitación parlamentaria. Y así murió el proyecto socialista.

Gallardón presentó otro Anteproyecto completísimo y extenso redactado, según dicen, por un equipo que dirigía Marchena, ahora Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. También cesó Gallardón y su proyecto de reforma también quedó colgado. Entonces llegó el nuevo Ministro, Catalá, polifacético tecnócrata relacionado con la patronal de la industria del juego. Llegó e inmediatamente presenta esta semana un nuevo Anteproyecto de reforma de la ley procesal penal, que no es más que un refrito desarbolado, parcial y lleno de amputaciones del proyecto de Gallardón, que lo era del proyecto de Caamaño, que lo era del proyecto de Fernández Bermejo.

El Ministro Catalá dice que no hacen falta más jueces, cree que los que hay son suficientes, aunque trabajan despacio. Pero, según parece, solo los jueces de instrucción. Por eso propone que acaben su trabajo en seis meses, y si se trata de casos complicados, en diez y ocho meses. Bien, ¿y si en el tiempo marcado no han acabado, que hará? ¿Archivará el caso, pese a los indicios o videncias y pondrá en libertad al preso preventivo si lo hay? ¿Procesará al juez por su lentitud? ¿Le obligará a pagar a las víctimas o perjudicados?

Muchas veces la lentitud no es cosa de los jueces de instrucción sino de sus superiores, las Audiencias o Tribunales superiores o Tribunal Supremo, que tardan lo indecible, a veces, en resolver los recursos que se interponen contra decisiones de los instructores. Y no consta que el proyecto diga nada sobre estas causas de lentitud.

Por eso parece que la preocupación no recae sobre la lentitud de la justicia sino sobre el trabajo de los instructores. Sobre determinado trabajo de determinados instructores en determinados casos.

El presidente del Tribunal Supremo dijo hace poco que las leyes que regulan los procesos penales en España están previstas para los robagallinas, pero no para los grandes defraudadores. Con esta frase, aparentemente demagógica, se estaba refiriendo, sin duda, a todos los Bárcenas, Urdangarín, los Pujol, o los Gürtel, todavía pendientes de un juez de instrucción. O al constructor Núñez, expresidente del Barça, o a Fabra el del aeropuerto sin aviones, que ya han sido juzgados y condenados pero tras más de diez años desde que cometieron los hechos delictivos hasta que la condena ha sido firme.

Hay que reconocer que es muy difícil concretar los hechos imputables a personajes tan peculiares como estos, que nunca robaron gallinas. Las pruebas son generalmente documentos que casi siempre están en instituciones oficiales o en entidades financieras. No es extraño que unas y otras se resistan a facilitarlas al juez completas, sin ocultaciones y con celeridad. Y cuando esas pruebas documentales están en el extranjero, las dificultades de las comisiones rogatorias internacionales y, sobre todo, las que plantean los paraísos fiscales, Suiza incluida, convierten lo que debiera ser una simple acumulación de datos probatorios en una interminable obstrucción de la investigación. Así los procesos se pueden alargar más de diez años.

Una garantía esencial del proceso es el derecho a recurrir ante los tribunales superiores las decisiones del juez de instrucción, frente a posibles arbitrariedades o excesos de este último. El uso sistemático del derecho al recurso, aún siendo legal, puede ser letal para la necesaria agilidad y celeridad del proceso, especialmente cuando esos tribunales no pueden resolver, o no resuelven, con la celeridad deseable. Unos excelentes equipos de abogados, economistas y otros expertos, altamente cualificados y retribuidos, son capaces de agotar las posibilidades legales y recurrir hasta lo irrecurrible, consiguiendo la eternización desesperante de los procesos.

Frente a los delitos complejísimos de los que no roban gallinas, frente a la gran delincuencia económica y de la corrupción no existen suficientes recursos técnicos en los servicios de la Hacienda Pública para un implacable y total control preventivo de sus defraudaciones, ni para investigar el turbio origen de sus fortunas, y sus correspondientes delitos. Además, esos recursos técnicos están bajo el control político del correspondiente Ministro de Hacienda, cuya imparcialidad queda bajo sospecha en casos relacionados con hechos y personas de su órbita política, social o económica.

Por estas razones a los juzgados no llega toda la información necesaria para la adecuada instrucción y enjuiciamiento de esa compleja delincuencia financiera. Y si llegara, los juzgados no disponen de suficientes medios para asimilar y trasladar a fórmulas jurídicas ese ingente trabajo. De todo ello deriva la lentitud insoportable de la justicia.

En estas condiciones los jueces de instrucción no pueden acelerar más los trámites, por mucho que les pongan fecha de caducidad. El ministro Catalá ha dicho que no hacen falta más jueces, pero tampoco ofrece mejores recursos tecnológicos, ni más equipos de soporte especializado policial o de inspectores de hacienda. El nuevo ministro con su nuevo proyecto, que no es ni nuevo ni proyecto, sólo asegura la imposibilidad de perseguir eficazmente los grandes casos de corrupción. Lo que nunca sabremos es si lo hace por prepotencia, por ignorancia, o a propósito.


Publicado o 05/12/2014 en http://lamentable.org

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