Por Juan Carlos Escudier.
Han tenido que venir tres jueces alemanes a mostrarnos aquello de que la ley ha de ser el cauce sobre el que discurren los hechos, y que modificarlos a capricho arruina cualquier expectativa de justicia. Lo que ha dictaminado la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein al declarar inadmisible el delito de rebelión por el que el Tribunal Supremo pedía la extradición de Puigdemont es la aplicación práctica de aquella memorable frase de Rajoy según la cual un plato es un plato y un vaso es un vaso. Así, la violencia es violencia, pero sólo cuando se produce y no cuando se supone, cuando es una realidad y no una conjetura, cuando puede constatarse y no solo imaginarse en una larga noche de insomnio.
Durante meses se han aplaudido decisiones incomprensibles que han pasado por encima del Código Penal y del sentido común, y que han diseñado una Justicia a la carta incompatible con la esencia misma de la democracia. Como se ha dicho aquí en alguna ocasión no sólo se ha destripado a Montesquieu, que el pobre ya estaba habituado al ensañamiento, sino que además se ha resucitado a Kafka.
Fruto de este delirio, se han llegado a impugnar actos que no se habían producido, como la eventual investidura de Puigdemont, obligando al Tribunal Constitucional a un malabarismo circense para que ninguna pelotita cayera al suelo. Y se ha permitido que un magistrado del Tribunal Supremo se arrogara poderes excepcionales que han dejado en sus manos no sólo prolongar la prisión preventiva de unos encausados con criterios hartamente discutibles sino también la supuesta defensa del orden legal que rige la actividad de un Parlamento legalmente constituido. Resolver quién puede o no delegar el voto, forzar –o intentarlo hasta conseguirlo- la renuncia al escaño de exconsellers y diputados, y decidir por la vía de los hechos quién debía o no ocupar la presidencia de la Generalitat sugieren extralimitaciones palmarias de su mera función jurisdiccional.
De la Justicia, reconvertida en Derecho preventivo, se ha pasado a la estratagema, a Maquiavelo. Ello determinó primero la retirada de la orden europea de detención contra Puigdemont cuando se refugió en Bruselas, ante la certeza de que la Justicia belga no aceptaría su entrega por los delitos que se le acusa en España; luego la renuncia a plantearla en Dinamarca con el argumento surrealista de que pretendía ser detenido y lo inteligente era que no se saliera con la suya. Finalmente, se forzó su salida apresurada de Finlandia para poder apresarle en Alemania, en la confianza de que allí sí se comprenderían las razones de Estado y los jueces germanos aceptarían pulpo como animal de compañía.
Todo ello porque la acusación de sedición parecía poca cosa y ya puestos en harina y metidos en gastos se hacía necesario un castigo ejemplar, una respuesta patriótica a la afrenta que era lo que proporcionaba el delito de rebelión, aunque para ello fuera necesario dejar volar la imaginación y construir un alzamiento violento donde sólo hubo una manifestación, una alteración del orden público y daños a dos vehículos policiales.
Lo que ha puesto de manifiesto la decisión de los magistrados alemanes y de sus colegas belgas es que el pretendido armazón jurídico que sustentaba la causa contra el procés era poco menos que una excentricidad que no resiste la prueba del algodón de la Justicia europea, que no tiene parangón en ningún ordenamiento jurídico serio y que provocará más de un sonrojo cuando el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sentencie que se han vulnerado derechos políticos y presunciones de inocencia de quienes aún no han sido condenados y a los que preventivamente se ha inhabilitado.
Se llega así a la paradoja de que el supuesto cabecilla del “golpe de Estado” sólo podrá –y está por ver- ser juzgado por malversación y los presuntos cooperadores, necesarios o no, tendrán que enfrentarse a cargos muchos más graves. De ahí que esas lúcidas y togadas mentes del Supremo estudien ya cómo convertir la malversación en malversación agravada para elevar así la pena o, en su defecto, volver a retirar la euroorden de detención para que el ridículo sea ya planetario.
Publicado en www.publico.es
Ligazón permamente
Durante meses se han aplaudido decisiones incomprensibles que han pasado por encima del Código Penal y del sentido común, y que han diseñado una Justicia a la carta incompatible con la esencia misma de la democracia. Como se ha dicho aquí en alguna ocasión no sólo se ha destripado a Montesquieu, que el pobre ya estaba habituado al ensañamiento, sino que además se ha resucitado a Kafka.
Fruto de este delirio, se han llegado a impugnar actos que no se habían producido, como la eventual investidura de Puigdemont, obligando al Tribunal Constitucional a un malabarismo circense para que ninguna pelotita cayera al suelo. Y se ha permitido que un magistrado del Tribunal Supremo se arrogara poderes excepcionales que han dejado en sus manos no sólo prolongar la prisión preventiva de unos encausados con criterios hartamente discutibles sino también la supuesta defensa del orden legal que rige la actividad de un Parlamento legalmente constituido. Resolver quién puede o no delegar el voto, forzar –o intentarlo hasta conseguirlo- la renuncia al escaño de exconsellers y diputados, y decidir por la vía de los hechos quién debía o no ocupar la presidencia de la Generalitat sugieren extralimitaciones palmarias de su mera función jurisdiccional.
De la Justicia, reconvertida en Derecho preventivo, se ha pasado a la estratagema, a Maquiavelo. Ello determinó primero la retirada de la orden europea de detención contra Puigdemont cuando se refugió en Bruselas, ante la certeza de que la Justicia belga no aceptaría su entrega por los delitos que se le acusa en España; luego la renuncia a plantearla en Dinamarca con el argumento surrealista de que pretendía ser detenido y lo inteligente era que no se saliera con la suya. Finalmente, se forzó su salida apresurada de Finlandia para poder apresarle en Alemania, en la confianza de que allí sí se comprenderían las razones de Estado y los jueces germanos aceptarían pulpo como animal de compañía.
Todo ello porque la acusación de sedición parecía poca cosa y ya puestos en harina y metidos en gastos se hacía necesario un castigo ejemplar, una respuesta patriótica a la afrenta que era lo que proporcionaba el delito de rebelión, aunque para ello fuera necesario dejar volar la imaginación y construir un alzamiento violento donde sólo hubo una manifestación, una alteración del orden público y daños a dos vehículos policiales.
Lo que ha puesto de manifiesto la decisión de los magistrados alemanes y de sus colegas belgas es que el pretendido armazón jurídico que sustentaba la causa contra el procés era poco menos que una excentricidad que no resiste la prueba del algodón de la Justicia europea, que no tiene parangón en ningún ordenamiento jurídico serio y que provocará más de un sonrojo cuando el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sentencie que se han vulnerado derechos políticos y presunciones de inocencia de quienes aún no han sido condenados y a los que preventivamente se ha inhabilitado.
Se llega así a la paradoja de que el supuesto cabecilla del “golpe de Estado” sólo podrá –y está por ver- ser juzgado por malversación y los presuntos cooperadores, necesarios o no, tendrán que enfrentarse a cargos muchos más graves. De ahí que esas lúcidas y togadas mentes del Supremo estudien ya cómo convertir la malversación en malversación agravada para elevar así la pena o, en su defecto, volver a retirar la euroorden de detención para que el ridículo sea ya planetario.
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