Al menos es lo que puede haberles sucedido a 1.695 órganos judiciales, el 43,5 por ciento de los existentes, que son 3.894 entre juzgados y tribunales. Las cifras las aporta la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe titulado “Órganos que sobrepasan el 150 % de la carga de trabajo”, y que son casi la mitad de los existentes según el estudio, cerrado con fecha 31 de diciembre de 2013.
¿Qué supone ese dato? En enero del pasado año, el CGPJ revisó los módulos de carga de trabajo razonable para cada órgano judicial en función de la jurisdicción y las características propias de cada uno de ellos. Por ejemplo, la carga de trabajo razonable para un juzgado de lo Mercantil de una ciudad como Sevilla o Valencia oscila entre 330 y 400 procesos en un año. Pues bien, 60 de los 64 juzgados de lo mercantil tramitaron en 2013 al menos entre 825 y 1.000, un 150 por ciento más de lo aconsejable.
La práctica totalidad de los juzgados de Primera Instancia, 659 de 689, supera también ese índice de saturación laboral del 150 por ciento. Pero los más castigados son los juzgados de lo Social: 45 de los 46 exonerados de la ejecución superan el límite de asuntos tramitados, situación que comparten con 184 de los 295 que sí conservan la ejecución de resoluciones. Los juzgados de Familia están colapsados en el 53,4 por ciento de los casos. Quienes tengan interés en acceder al informe completo de la Inspección pueden hacerlo a través de la web del Poder Judicial.
Un determinado Juzgado de lo Mercantil de Sevilla recibió 1.769 asuntos nuevos en 2013; cierta sección penal de la Audiencia de Madrid tuvo que tramitar ese mismo año 4.719 procesos. Me temo que el colapso se ha producido ya sin que nos hayamos percatado de ello. Las vistas orales de muchos procesos mercantiles o laborales se han fijado para 2017. Y los más veteranos del lugar pronostican que el próximo año veremos los primeros señalamientos diferidos incluso para 2020.
Ciudadanos indefensos
Las cifras son graves per se, pero lo son aún más porque afectan sobre todo a la justicia que el ciudadano necesita más cerca en esta época de crisis. Los concursos de acreedores y la impugnación de cláusulas abusivas en todo tipo de contratos, sobre todo hipotecarios, asfixian la jurisdicción mercantil. La estafa de las acciones preferentes e impagos de todo tipo anegan los juzgados de Primera Instancia con decenas de miles de expedientes. Y lo de la jurisdicción laboral no hace falta ni explicarlo.
Desde ese prisma, cabe leer el informe de la Inspección judicial de otra manera. Los acreedores de una empresa en quiebra, las víctimas de las preferentes o quienes hayan denunciado su despido deberán esperar un 150 por ciento más de lo normal en ver resuelta su reclamación. Y lo normal es una administración de Justicia que nunca se ha caracterizado por su celeridad.
No cabe duda que la crisis económica es el factor que ha disparado estos índices de colapso, pero para alcanzar una situación tan grave ha sido necesaria la confluencia de otros dos elementos. Por un lado, la existencia previa de una administración de Justicia lastrada por fallos estructurales apenas parcheados durante la etapa democrática.
Y sobre ese caldo de cultivo vino a desplegar su política judicial el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que ya describí en un anterior post. Al término de sus tres años de mandato, no hay un solo juez más, ni fiscal, ni secretario judicial. La posibilidad de recurrir a jueces y fiscales sustitutos es ahora ínfima, y las sustituciones internas dentro de la propia judicatura están provocando una considerable demora en la resolución de asuntos tan sensibles para los ciudadanos como divorcios, despidos, reclamaciones de cantidad…
La plantilla de los distintos cuerpos de funcionarios al servicio de la administración judicial está congelada, así como sus sueldos. Por supuesto, ni un solo juzgado nuevo. Y los presupuestos para medios materiales comenzaron siendo exiguos para luego verse reducidos año tras año. Todo ello se traduce en un grave deterioro de la calidad del servicio que reciben los usuarios de la administración de Justicia.
Quien tenga que esperar todavía dos o más años para saber si su despido es justo o no, para recuperar el dinero perdido con las preferentes, para determinar la legalidad de su hipoteca o para conocer las cláusulas definitivas del convenio de su divorcio a buen seguro se sentirá indefenso. Y así es inevitable que la Justicia tenga mala imagen, ganada a pulso.
Queda un elemento más preocupante aún si cabe por señalar: la situación apenas tiene arreglo. A la vista del informe de la Inspección del CGPJ, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) propuso, entre otros extremos, la creación de 565 nuevos órganos judiciales en los próximos cinco años, a lo que habría que sumar la incorporación de 250 nuevos jueces para cubrir las vacantes que se produzcan en la judicatura.
El coste de la puesta en funcionamiento de un nuevo juzgado se calcula en unos 300.000 euros. Así que la propuesta de JpD supone la inversión inicial en ese lapso de unos 170 millones de euros. Parece complicado en esta época austera. Y desde hace años la administración de Justicia española arroja una paradoja que ni los más expertos han logrado desentrañar: la creación de nuevos juzgados no alivia a los que están saturados, sólo sirve para aumentar el número de juzgados colapsados.
Respetados juristas de diversas procedencias y escuelas coinciden en que sólo un cambio de modelo puede sacar a la administración de Justicia del marasmo en el que se ahoga. ¿Qué modelo? Pues el mismo que triunfa en nuestro entorno europeo: tribunales de instancia, investigación encomendada al Ministerio Fiscal, proceso oral…
Yo también defiendo que sólo un cambio de modelo puede aportar soluciones al actual estado de cosas, aunque reconozco que me preocupa que quienes han sido incapaces de poner en marcha la Nueva Oficina Judicial (NOJ) o el expediente electrónico a una administración como la judicial, que sigue mirando de cerca al siglo XIX, traten ahora de impulsar cambios demasiados radicales. Pero algo hay que hacer ya, porque no hacer nada nos perjudica a todos.
Publicado o 24/10/2014 en http://vistapublica.org
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