O funcionariado: unha lexión de preguiceiros enchufados

8/4/18

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Por Laureano Araujo

Ao contrario do que sucede no noso país –e, en xeral, nas democracias–, en Alemaña os funcionarios non teñen dereito á negociación colectiva e á folga. Este anacronismo é unha vella tradición baseada sobre a necesidade de que o Estado funcione de maneira fiábel en todo momento, mesmo en situacións de crise. Pero como se conseguen limitar así os dereitos de todo un colectivo profesional?

É posíbel que, tanto en Alemaña como aquí, o deporte rei non sexa o fútbol, senón mallar no funcionariado. O que máis nos irrita é que os servidores públicos gocen nada menos que da prerrogativa da estabilidade laboral. Non reparamos en que, reproducindo esta crítica alegremente espallada polos medios mainstream, non só estamos a asumir os postulados nucleares do neoliberalismo –esa “flexibilidade”, esas suculentas privatizacións!–, senón que descoñecemos a dimensión propiamente revolucionaria da inamobilidade. Porque impedirmos que os políticos poidan afastar a discreción os funcionarios dos seus postos significa garantirmos xuridicamente que os empregados públicos actúan só con suxeición á legalidade e en defensa do interese xeral. Con outras palabras: unicamente pode ser independente, imparcial e íntegro o funcionario inamovíbel. O modelo alternativo (e moito máis caro) é o da privatización, que coloca os traballadores nunha situación de sometemento. Por iso o Goberno de España aproveitou os anos da crise para conxelar a oferta de emprego público, mentres a externalización de servizos por parte das administracións non sufriu limitación ningunha. Decenas de miles de postos de traballo que deberían ser ocupados por funcionarios son hoxe desempeñados por traballadores da empresa privada, mesmo en sectores como o ensino, a sanidade ou os servizos sociais, onde a precariedade e a docilidade, obviamente, aumentaron.

As campañas de desprestixio contra o funcionariado ignoran adrede algúns feitos rechamantes. Por exemplo, que en España hai moitos menos empregados públicos que na media da OCDE, e que os dous países onde máis hai son Dinamarca e Noruega, que están entre eses aos cales tanto aspiramos a nos parecer; que os administrativos, os sanitarios, os docentes, os traballadores sociais, os policías e os xuíces ocupan os seus postos de traballo tras superaren uns procesos de selección nos cales tiveron que acreditar os seus méritos e a súa capacidade (aínda que tamén no acceso á función pública existen condicionantes socioeconómicos que fan necesario un sistema de axudas á preparación das oposicións); que o poder adquisitivo deste persoal cualificado é en xeral modesto (e baixou moitísimo nos últimos anos); e que é nas administracións públicas onde as carreiras profesionais de certo interese non están reservadas ás clases privilexiadas e onde máis igualdade de trato laboral hai entre mulleres e homes.

En Alemaña, o Estado restrinxe gravisimamente os dereitos do funcionariado. Non o fai á lixeira, por suposto: hai argumentos técnicos serios, por discutíbeis que sexan. Pero que algo tan chocante sexa politicamente viábel ten unha explicación. Só hai que observar con que lixeireza valoramos estes empregados. Teñamos presente esta irresponsabilidade, por exemplo, a próxima vez que nos escangallemos de risa cos retratos que o xenial Forges fixo dos servidores públicos, eses lacazáns parasitarios.


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Llarena como Einstein

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Por Elisa Beni.


Aquí tenemos a la Justicia española bicicleteando o, lo que es lo mismo, pedaleando alocada como si se le hubiera roto la cadena y todo esfuerzo fuera vano excepto el de intentar mantener el equilibrio. Llarena bicicletea, es decir, nos entretiene con evasivas, excusas y pretextos para alargar la solución de un asunto y, en este caso, para reconocer que su instrucción ha recibido tal revés que debería reconsiderar todo el proceso y como primera medida poner en libertad a los encausados.

Si los hechos relatados en su auto no contienen la violencia necesaria o la intensidad de violencia o el tipo de violencia, o desígnenlo como prefieran, para condenar a nadie en Alemania, tampoco lo tienen para condenar a nadie y menos a 30 añazos de prisión en España. Es lo que tiene ser europeo, que los parámetros de respuesta democrática han de ser homologables. La OEDE era “un papel sospechoso que ha provocado dolor de estómago a los jueces alemanes”, según Heribert Prantl, reputado jurista y redactor jefe de Süddeutsche Zeitung y uno de los editorialistas más respetados y citados de Alemania. Vendrán los mismos retortijones para los belgas y los británicos. Tales gastritis están tan extendidas que también las sufren el 85% de los cátedros y profesores de Derecho Penal españoles y, me van a perdonar, muchos magistrados sensatos que se callan y sufren en el silencio de los mensajes privados.

Debería Llarena, y los que le inspiran, reflexionar sobre ese órdago que ha sido una torpeza jurídica y que les ha situado en una situación insostenible. Claro que Llarena, y los finos juristas que le inspiran, y que piensan que lo son tanto que pueden vestir bien cualquier propuesta dado que su técnica alcanza para hacerlo, se aproximan en su actitud a las posiciones de Einstein. Ya saben, el padre de la teoría de la relatividad dejó dicho que la vida es como una bicicleta en la que hay que pedalear siempre hacia adelante para no perder el equilibrio. Quede claro que la semejanza tiene que ver con la huída hacia adelante y no con la relatividad, porque algún malvado querrá ver el guiño.

Bicicleteando han llegado al despropósito de anunciar la presentación de una cuestión prejudicial frente al Tribunal Europeo de Justicia. Les va a ser fácil comprender por qué es un delirio y más difícil entender cómo unos juristas hechos y derechos se han metido de hoz y coz en esta vía imposible, aunque también intentaré aclarárselo. Verán que lo que Llarena -que según los que le vieron estaba como poco tensito y como mucho histérico el viernes- anuncia a través de los medios es una cuestión POSTjudicial y no PREjudicial dado que la resolución alemana ya está tomada.

Por otra parte, tal cuestión está prevista para que un juez pida aclaración sobre la forma de aplicar las normas de la Unión a SU asunto que todavía NO ha fallado. Héteme aquí que, bicicleteando, Llarena quiere pedir al TJUE que se pronuncie a posteriori sobre un procedimiento que no es suyo sino de unos jueces alemanes. Es delirante. Tan extravagante resulta que en su nota de semiapoyo, la Fiscalía General del Estado nos decía el viernes que “estudiará la eventual posibilidad” de apoyar tal cosa. ¿Han visto más palabras de incertidumbre en el mismo sintagma? Estudiar no es hacer. Eventual es no seguro. Posibilidad, es una disposición para hacer o no algo. Vamos, que lo tienen super claro como verán. Tampoco la Fiscalía tiene mucho margen de acción. Recuerden que ya intentó reconducir las cosas pidiendo la libertad con fianza de Forn o alegando que no se podía reclamar o no reclamar a voluntad y recibió un desprecio por respuesta.

Tras el noqueo producido por la respuesta jurídica alemana que, Dios sabe por qué, no habían previsto, el viernes todo era un revuelo. Las reuniones de Marchena, las reuniones de los fiscales del caso, las llamadas de aquí y de allá. Un terremoto. ¿Y a qué tanta prisa para estudiar la situación jurídica creada? Para replantear sus actuaciones en verdad tenían tiempo. Lo que no daba tanta tregua era la situación política y de opinión pública. Las huestes estaban aplanadas, el Gobierno en shock, y los más no entendían nada. Es lo que tiene falsear las expectativas. Creo que lo que se buscaba a toda costa el viernes era un relato. Algo que ofrecer. Una esperanza que dar para que no decaiga. Bicicletear, en suma. Así que supongo que en alguna tormenta de ideas, ante el callejón sin salida, en lugar de proponerse reconsiderar en términos jurídicos lo que están haciendo, eso ni se plantea, alguien sugirió: “pues usemos la cuestión prejudicial como una especie de recurso y así ganamos tiempo”. Entiendo que, a falta de nada más, recogieron el guante, pero hay que estar muy desesperado para plantear algo así. Si se presenta, que yo lo dudo, les van a mandar a paseo como poco y el berenjenal fangoso en el que van a dejar el procedimiento y el bochorno internacional no va a tener parangón en los anales de la historia penal española.Eso sí, oiga, han conseguido un relato para mantener entretenida la fiesta de todo aquel que no sabe mínimamente de qué va esto o del que está deseando creer lo que le den. Sucede que esa no es su misión. Es lo que tiene.

Lo que está haciendo el instructor no es homologable por los viejos estados democráticos porque supone adobar unos hechos para encajarlos en un tipo penal sin que sea éste adecuado para recibirlos. Los jueces alemanes le han aceptado el relato de hechos, es decir no juzgan siquiera si se han producido o no y los dan por buenos, en eso estriba la confianza entre estados, y aún dándolos por digamos probados tienen meridianamente claro que no son delictivos. Lo mismito que opinan todos los juristas que no dejan que les posea un elemento emocional o mesiánico. Y eso lo han determinado los alemanes hasta con una traducción bastante curiosa enviada por España de la que han desaparecido frases como esa de la página 56 del auto de procesamiento en la que el juez se mete como parte: "Y termina el relato de la estrategia que SUFRIMOS" que se ha mudado en alemán a “finalizando el relato”. Los defensores, que hablan alemán y no tragan, han encargado una nueva traducción jurada.

Todo esto tendrá consecuencias más allá del enturbiamiento procesal y de derechos a que están sometiendo al procedimiento. Cuesta contemplar la dilución escénica de partidos como el socialista que, consciente de su deber de apoyar el 155, no debería sin embargo tener complejos para hacer visible el descrédito al que se está conduciendo al sistema judicial español a ojos de toda Europa. También se corre el riesgo, ya puesto en marcha por algunos medios secuaces, de alentar un sentimiento antieuropeo que puede resultar algo más que peligroso sólo para salvar los trastos y colocar un relato en las escaletas.

No sé avanzarles hasta dónde puede llegar el destrozo, pero parece claro que la esperanza para enmendar este despropósito reside en Europa y que de allí llegaran muchas novedades muy pronto.


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¿Error Puigdemont o error Junqueras?

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Por Javier Pérez Royo.


Oriol Junqueras decidió no huir de la justicia y someterse a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Lleva más de cinco meses en la cárcel por un delito que no ha cometido, que solo existe en la imaginación del Juez Pablo Llarena.

Carles Puigdemont decidió exiliarse y no someterse a la justicia española. Ello le ha permitido defenderse primero ante la justicia belga y después ante la justicia alemana y ante ambas con éxito. Al juez belga no se le dio la oportunidad de que se pronunciara acerca de la euroorden emitida por la Jueza Carmen Lamela, porque el Juez Pablo Llarena decidió retirarla, pero el juez alemán sí ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la euroorden dictada por el Juez Instructor del Tribunal Supremo con el resultado que los lectores ya conocen.

La estrategia de Oriol Junqueras ha sido completamente estéril. Esta maniatado y sometido a la humillación de un Juez que está vulnerando sus derechos fundamentales con la seguridad que tiene de que sus compañeros del Tribunal Supremo van a cerrar filas con él y de que el Tribunal Constitucional, cuando le llegue un recurso, mirará para otro lado.

La estrategia de Puigdemont, por el contrario, ha servido para poner en evidencia al Gobierno y a los Tribunales españoles. La decisión del Presidente del Gobierno de no abordar políticamente el problema de la integración de Catalunya en el Estado y delegar en los Tribunales la respuesta al mismo, se ha traducido en que la Justicia europea vea a los Tribunales españoles no como órganos de administración de justicia, sino como instrumentos de la acción política del Gobierno, que hace uso de los mismos para la persecución penal de los adversarios políticos.

Y la justicia europea, la belga primero, la alemana después y después vendrá la escocesa y la suiza, están considerando que los Tribunales españoles están haciendo política y no administrando justicia, porque exactamente eso es lo que está ocurriendo. La Audiencia Nacional se está comportando, en lo que a la represión del nacionalismo catalán se refiere, como si fuera el Tribunal de Orden Público del Régimen del General Franco. Y el Tribunal Supremo, exactamente igual. El Tribunal Constitucional entonces no existía. Ahora, como si no existiese.

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha retratado con la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir penalmente por delito de rebelión a los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament y a los expresidentes de dos entidades cívicas con una larguísima trayectoria de activismo pacífico, como son ANC y ÓMNIUM. La Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después también lo han hecho al hacer suya la calificación jurídica de la conducta de los políticos nacionalistas catalanes por parte del Fiscal General.

La sincronización de la acción del Gobierno activando el 155 CE, del Fiscal General del Estado activando al día siguiente la querella por rebelión ante la Audiencia Nacional contra los ex miembros del Govern y ante el Tribunal Supremo contra los exmiembos de la Mesa del Parlament y la admisión a trámite de dicha querella con la adopción de las más graves medidas cautelares contra los querellados tiene toda la apariencia de una operación política disfrazada como operación judicial. Y la justicia no solo tiene que hacerse, sino también que parecer que se hace. La apariencia de administración de justicia es constitutiva del derecho a la tutela judicial efectiva.

La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han aceptado actuar como instrumentos del Gobierno para perseguir penalmente una opción política. Esto es lo que significa la querella por el delito de rebelión, que carece de explicación jurídica en cualquier democracia europea a estas alturas del siglo XXI. Por eso ha sido rechazada la euroorden.

La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se están comportando no como los órganos de Administración de Justicia de un Estado social y democrático de Derecho, sino como lo que eran en el Régimen de las Leyes Fundamentales. Entonces no había derechos fundamentales. Ahora parece que tampoco los hay.

¿Con qué interpretación de los artículos 25, 24, 17 y 23 de la Constitución se puede justificar la instrucción de la conducta de los nacionalistas catalanes como constitutiva del delito de rebelión, se los puede mantener en prisión y se puede impedir la celebración de la sesión de investidura?

Contra toda esta cadena de vulneración de derechos fundamentales Puigdemont está pudiendo defenderse, mientras que Oriol Junqueras no. Es Carles Puigdemont con su conducta “rebelde” frente a la “Justicia Política” española el que está haciendo un servicio a la democracia. En Catalunya y en España.

Que huir de la justicia sea la mejor estrategia para defender la democracia. A este nivel de degradación nos ha llevado la negativa de Mariano Rajoy a enfrentarse con sus responsabilidades políticas para dar respuesta a la integración de Catalunya en el Estado.


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Manual para hacer el ridículo

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Por Juan Carlos Escudier.


Han tenido que venir tres jueces alemanes a mostrarnos aquello de que la ley ha de ser el cauce sobre el que discurren los hechos, y que modificarlos a capricho arruina cualquier expectativa de justicia. Lo que ha dictaminado la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein al declarar inadmisible el delito de rebelión por el que el Tribunal Supremo pedía la extradición de Puigdemont es la aplicación práctica de aquella memorable frase de Rajoy según la cual un plato es un plato y un vaso es un vaso. Así, la violencia es violencia, pero sólo cuando se produce y no cuando se supone, cuando es una realidad y no una conjetura, cuando puede constatarse y no solo imaginarse en una larga noche de insomnio.

Durante meses se han aplaudido decisiones incomprensibles que han pasado por encima del Código Penal y del sentido común, y que han diseñado una Justicia a la carta incompatible con la esencia misma de la democracia. Como se ha dicho aquí en alguna ocasión no sólo se ha destripado a Montesquieu, que el pobre ya estaba habituado al ensañamiento, sino que además se ha resucitado a Kafka.

Fruto de este delirio, se han llegado a impugnar actos que no se habían producido, como la eventual investidura de Puigdemont, obligando al Tribunal Constitucional a un malabarismo circense para que ninguna pelotita cayera al suelo. Y se ha permitido que un magistrado del Tribunal Supremo se arrogara poderes excepcionales que han dejado en sus manos no sólo prolongar la prisión preventiva de unos encausados con criterios hartamente discutibles sino también la supuesta defensa del orden legal que rige la actividad de un Parlamento legalmente constituido. Resolver quién puede o no delegar el voto, forzar –o intentarlo hasta conseguirlo- la renuncia al escaño de exconsellers y diputados, y decidir por la vía de los hechos quién debía o no ocupar la presidencia de la Generalitat sugieren extralimitaciones palmarias de su mera función jurisdiccional.

De la Justicia, reconvertida en Derecho preventivo, se ha pasado a la estratagema, a Maquiavelo. Ello determinó primero la retirada de la orden europea de detención contra Puigdemont cuando se refugió en Bruselas, ante la certeza de que la Justicia belga no aceptaría su entrega por los delitos que se le acusa en España; luego la renuncia a plantearla en Dinamarca con el argumento surrealista de que pretendía ser detenido y lo inteligente era que no se saliera con la suya. Finalmente, se forzó su salida apresurada de Finlandia para poder apresarle en Alemania, en la confianza de que allí sí se comprenderían las razones de Estado y los jueces germanos aceptarían pulpo como animal de compañía.

Todo ello porque la acusación de sedición parecía poca cosa y ya puestos en harina y metidos en gastos se hacía necesario un castigo ejemplar, una respuesta patriótica a la afrenta que era lo que proporcionaba el delito de rebelión, aunque para ello fuera necesario dejar volar la imaginación y construir un alzamiento violento donde sólo hubo una manifestación, una alteración del orden público y daños a dos vehículos policiales.

Lo que ha puesto de manifiesto la decisión de los magistrados alemanes y de sus colegas belgas es que el pretendido armazón jurídico que sustentaba la causa contra el procés era poco menos que una excentricidad que no resiste la prueba del algodón de la Justicia europea, que no tiene parangón en ningún ordenamiento jurídico serio y que provocará más de un sonrojo cuando el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sentencie que se han vulnerado derechos políticos y presunciones de inocencia de quienes aún no han sido condenados y a los que preventivamente se ha inhabilitado.

Se llega así a la paradoja de que el supuesto cabecilla del “golpe de Estado” sólo podrá –y está por ver- ser juzgado por malversación y los presuntos cooperadores, necesarios o no, tendrán que enfrentarse a cargos muchos más graves. De ahí que esas lúcidas y togadas mentes del Supremo estudien ya cómo convertir la malversación en malversación agravada para elevar así la pena o, en su defecto, volver a retirar la euroorden de detención para que el ridículo sea ya planetario.


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El ministro Bakalá

3/3/17

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Por Antón Losada.


Antón Losada
Rafael Catalá es el ministro Bakalá, siempre acelerado y pasado de vueltas. A su lado Ruiz-Gallardón empieza a parecer un tipo discreto y solvente.


Quién nos lo iba a decir, que acabaríamos echando de menos a Ruiz-Gallardón como Ministro de Justicia. El gris y discreto burócrata que le sustituyó, Rafael Catalá, se ha revelado como un aspirante a estrella de la política, con un hambre insaciable de titulares y micrófono, una atracción incontenible por las luces y los brillos de las cámaras y una oscura voluntad de retorcer el Estado de derecho hasta volverlo completamente del revés; es el ministro Bakalá, siempre acelerado y pasado de vueltas. A su lado Gallardón empieza a parecer un tipo discreto y solvente, consciente de qué puede y no puede hacer o decir un ministro de Justicia del Reino de España.

El ministro Bakalá no dirige un ministerio. Más bien parece que presidiera un bufete de abogados con un único cliente, el Partido Popular, y que además cobrase por objetivos. Sea para terciar en alguna polémica política amenazando con judicializarla, sea para proteger a algún imputado acosando al juez de instrucción, sea para dar cobertura a algún caso de corrupción diseminando la sospecha sobre los investigadores mientras expresa su afecto hacia el presunto corrupto; el ministro Bakalá siempre tiene una declaración a punto para intentar poner a todo el mundo en posición de saludo.

La pregunta no es cuándo el ministro hace o dice algo que no debiera, sino cuándo no lo hace. Un día pronuncia una amenaza velada o, en el caso de Catalunya, muy explícita contra el discrepante o quien ose llevar la contraria al infalible criterio del Papa Rajoy. Otro día le toca señalar o poner en duda el trabajo de algún fiscal o algún juez que ande metiendo las narices donde no debería. Al siguiente se aplica a dar órdenes a la Fiscalía para que persiga a quien debe y deje en paz a los compañeros de partido, con quienes se encuentra casualmente después de haberles llamado por teléfono y citarse con ellos para verse y hablar de lo suyo. Los malpensados que sospechan que se reunió con el presidente de Murcia para explicarle cómo se iban a arreglar sus imputaciones en la Fiscalía se equivocan de plano y atentan gravemente contra la presunción de inocencia. Quedaron para que el ministro moviera los hilos y se volviera a poner en TVE aquel mítico especial que anunciaba la llegada de la primavera: "Murcia, qué hermosa eres".

Las palabras, incluso las imprudencias y excesos del ministro Bakalá, se las lleva el viento, aunque se suban a YouTube. El problema que nos queda son sus decisiones. Tras aprobar una reforma legal que impone un cronómetro a la Justicia para que los casos de corrupción caduquen lo antes posible, como los yogures, todas las noticias nos avisan que se dispone a ejecutar una purga en la Fiscalía para poner al mando sólo a los fiscales de estricta observancia y disposición natural a obedecer órdenes. No se trata de una metáfora ni una imagen. Es una purga estalinista de verdad, de esas que se hacen cuando se busca eliminar a todos los críticos y, de paso, a todos los testigos.

Sumen la inminente purga en la Fiscalía a la policía política que sabemos que hay en el Ministerio del Interior, porque nos cuentan que están desarticulando la que había montado el ministro anterior, y seguro que no necesitan un dibujo para saber a qué cloaca nos lleva.


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Hazte escuchar

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Por Jesús Maraña.


Jesús Maraña
Para ser sincero, creo que la organización integrista y ultraconservadora Hazte Oír ha conseguido sobradamente el objetivo que pretendía al poner en circulación un spot-trampa del tamaño de un autobús. Ha logrado que se haga oír un ideario basado en un montón de falsedades, prejuicios y sentencias predemocráticas que suponen un atentado contra derechos básicos como la igualdad o la libertad sexual. Una vez concedido ese vomitivo éxito, ahora procede responder al ruido generado con datos y argumentos que permitan “escuchar” en lugar de “oír” y acabar de una vez con la irresistible “broma” desubvencionar con fondos públicos a organizaciones inquisitoriales con intereses exclusivamente privados.

No está en discusión el derecho a la libertad de expresión. Cada cual es libre de pensar y expresar (por ejemplo) que la identidad de género tiene una relación directa con los genitales, del mismo modo que alguien puede negar la evidencia del cambio climático o que la Tierra gira alrededor del sol. De hecho quienes defienden que un ser humano con testículos no puede ser mujer son los mismos que creen a pies juntillas que María engendró a Jesús sin dejar de ser virgen. Con su pan se lo coman. Pero páguense el pan. No es admisible calificar de “utilidad pública” una asociación dedicada al proselitismo de una ideología medievalista y contraria a los valores constitucionales. Sus donantes no deben tener derecho a desgravar un solo euro por apoyar acciones agresivas contra los fundamentos de la convivencia democrática.

No tiene sentido en nuestro sistema democrático castigar penalmente mensaje alguno, por disparatado u ofensivo que sea, salvo aquellos que inciten de manera clara y efectiva a cometer delitos concretos o vulneraciones de derechos. Como apuntaba laprofesora Ana Valero en estas mismas páginas, “sólo cuando la palabra suponga un peligro claro e inminente para las personas podremos decir que estamos en presencia del discurso del odio”. No pedimos “desmantelar la cúpula de Hazte Oír”, como a sus promotores (y a su amigo el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz) les gustaría claramente hacer con cualquier asociación de defensa de los derechos de lesbianas, homosexuales y transexuales. Combatiremos su discurso discriminatorio y ofensivo para la dignidad humana con el valor de la palabra y con la racionalidad. Lo que sí exigimos es que sus dislates dejen de ser sostenidos o facilitados por el erario público.

No cuela en este asunto la pretensión gubernamental de ponerse de perfil. Algunos portavoces del Ejecutivo y del PP se han distanciado incluso de Hazte Oír y su autobús, pero basta revisar la hemeroteca y el BOE para comprobar que llevan muchos años yendo de la mano en todas las campañas políticas y acciones judiciales promovidas contra los derechos básicos de igualdad de género o de libertad sexual. Si ahora, cuando han perdido la mayoría absoluta, han visto la luz del respeto al derecho al aborto, al matrimonio homosexual o a la libertad para cambiar de sexo, pueden demostrarlo fácilmente retirando a Hazte Oír esa “utilidad pública” de la que sacan un provecho crematístico a costa de la caja de todos.

El propio Ministerio de Educación debería poner al descubierto las falacias en las que basa su discurso esta organización ultraconservadora. Porque no es cierto que haya gobiernos autonómicos que promueven nada menos que la “conversión de individuos en homosexuales”, como también es falso que algunos libros citados por Hazte Oír sean de uso “obligatorio” en los colegios. Estiran la llamada posverdad (o prementira) para disimular lo que en realidad no aceptan: la obligación constitucional de enseñar en las escuelas, sean públicas o privadas, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación, el pluralismo y, por tanto, el conocimiento de las distintas opciones de orientación e identidad sexual. Todo particular o colectivo que no acepta esos principios democráticos y constitucionales tiene derecho a discrepar, pero en ningún caso a negar la educación de sus hijos ni mucho menos ahacer proselitismo de la discriminación a costa del erario público.

Por último, resulta patético que la ruidosa provocación de Hazte Oír permita difuminar las gravísimas agresiones al funcionamiento democrático que se vienen produciendo en las últimas semanas. Si una amplísima mayoría escuchara más y oyera menos, hoy no podrían seguir en sus cargos ni el presidente de Murcia ni el fiscal general del Estado ni el ministro de Justicia. Sobran los motivos para denunciar que han quebrado un mimbre tan básico en democracia como la separación de poderes.


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¿Sueñan los periodistas deportivos con presidentes eléctricos?

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Por Xosé Manuel Pereiro.


Xosé Manuel Pereiro
Los avances tecnológicos determinan nuevas narratividades. El desarrollo de la radio a comienzos del siglo XX generó la retransmisión en directo. La combinación de los avances en la fiabilidad de los pronósticos meteorológicos y en la portabilidad de señales de televisión produjo a comienzos del XXI el advenimiento de un nuevo género informativo: el climatológico. En este caso, los montes parieron un ratón. Así, lo que al menos en toda la parte no mediterránea de la península toda la vida se conoció como “invierno” pasó a ser un fenómeno mediático bajo el nombre de “temporal”.

Este mes de febrero comenzó en la zona atlántica con un temporal en tres actos, o con una sesión conjunta de tres temporales. Fuese uno o trino, en Galicia dejó sin luz a 200.000 usuarios (es decir, viviendas, no personas) y no en esos sitios remotos donde la gente se ha empeñado en ir a vivir sin más razones aparentes que multiplicar exponencialmente el nomenclátor y encarecer la prestación de servicios públicos. Quedaron sin electricidad aldeas, pero también ciudades dormitorio, urbanizaciones residenciales y barrios de capitales de provincia. No es que fuese el apagón de Nueva York de 1977, pero también fue causa de más problemas que el de estar a oscuras. Los vientos llegaron a los 180 kilómetros por hora (la escala Beaufort solo llega a los 118 kilómetros, fuerza 12, a partir de ahí ya hablamos de huracanes). Además de violentos y huracanados, los vientos tuvieron la mala idea de llevarse parte de las respectivas cubiertas de los estadios de fútbol de Ferrol, A Coruña y Vigo. Los tres son municipales, y los correspondientes ayuntamientos decidieron cerrarlos por razones de seguridad. En aquella primera jornada de febrero daba la casualidad de que los respectivos equipos –Racing, Deportivo y Celta-- jugaban en casa, con lo que los también respectivos rivales –Palencia, Betis y Real Madrid-- se vieron en la tesitura de desandar lo andado. Pero el Real Madrid no es un respectivo cualquiera.

Mientras palentinos y béticos se volvían para casa resignados o no, pero sin armar escándalo, el rival del club vigués se mostraba dispuesto a arrostrar, como el Pony Express, el viento, la lluvia y las tormentas con tal de llevar a cabo su objetivo. Para algunos, una muestra de sano espíritu competitivo. O para otros, por qué desaprovechar la oportunidad de asegurarse la cabeza de la clasificación en la liga más desigual de Europa jugando contra un equipo de suplentes, que encima es el que te ha apeado de la Copa. Afortunadamente, para mediar entre tanto hooliganismo, ofrecer una información plural y hacer análisis desapasionados está el periodismo. Desgraciadamente, lo que hay o hace ruido es otra cosa: discusiones de bar de carretera reproducidas a voz en cuello en un plató, manolos del bombo que han sustituido el tambor por el micrófono.

Sin entrar ya en las opiniones de las redes sociales, esas que para algunos han venido a sustituir eficazmente a las paredes de los servicios públicos, el Celta, el estadio, las infraestructuras deportivas gallegas en general y sobre todo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, fueron blanco (nunca mejor dicho) de todo tipo de invectivas por informadores que no sabían poner Vigo en el mapa, pero se revelaban como expertos en techumbres y forjados. Ellos, y el propio club madridista en un comunicado, llegaron a proponer una brillante solución: arreglar la cubierta, una medida que inexplicablemente no se les había ocurrido a ninguno de los ayuntamientos, ni a los equipos locales ni a los visitantes resignados. A todo esto, Caballero, que ha destapado al llegar al cargo una personalidad peculiar, que no dejó entrever ni como ministro de Felipe González ni como candidato a la Xunta, está manifiestamente encantado de su papel como María Pita resistiendo el asalto del Francis Drake del Bernabéu. Incluso los deportivistas más acérrimos se indignaron y se solidarizaron con el enemigo meridional.

Mientras tanto, el mundo inexplicablemente seguía girando, incluso en la zona cero del conflicto, solo que allí, en buena parte, a oscuras. En una comunidad exportadora de energía eléctrica, decenas de miles de familias pasaron el fin de semana sin corriente. Algunos de esos miles, hasta cinco días. Una anciana murió al resbalar en la escalera sin luz de su casa. Un hombre falleció aplastado por el árbol que intentaba retirar. Otro sufrió heridas al apartar un cable caído, y varios niños resultaron intoxicados leves por gases de un generador. Porque esos días se vendieron centenares de generadores, y no solo para poder celebrar fiestas infantiles. La carne de la matanza que tiene que durar todo el año y otros alimentos se guardan en las viviendas rurales en enormes arcones congeladores.

El antifranquismo tardío en Galicia se forjó en gran medida en luchas contra las eléctricas que inundaban valles, o que intentaron en vano construir una central nuclear en la costa de Lugo. Sobre todo Fenosa, la compañía de origen coruñés, que encima en los ochenta emigró, pero dejó los embalses y conservó el casi monopolio del suministro (y por lo tanto de las averías). Este mes de marzo hará doce años, Amancio Ortega (Inditex), Jacinto Rey (Constructora San José) y la hoy extinta Caixanova se aliaban para “repatriar” a Galicia Unión Fenosa. El accionista mayoritario, el Banco Santander, ponía a la venta su paquete del 22% de las acciones de la eléctrica y la troika de empresarios gallegos llegó a un acuerdo con el vicepresidente y director general, Matías Rodríguez Inciarte, para comprar a 30 euros por acción. Solo faltaba firmar, pero en esto apareció en el último momento una oferta de 32 euros, como el verdadero enamorado en la escena de la boda de las comedias románticas. Emilio Botín aceptó de inmediato. El candidato por sorpresa tenía una deuda de 1.200 millones de euros, pero no hubo problema: el dinero para la compra lo proporcionó el propio vendedor, el Banco Santander.

El resuelto pretendiente era Florentino Pérez/ACS. Formalizado el matrimonio, declaró que entraba en la eléctrica “con voluntad de permanencia”. Sin embargo en julio de 2008, cuando apenas se habían cumplido tres años, las bodas de cuero en la tradición anglosajona, vendió a Gas Natural por 7.600 millones su paquete accionarial, que un par de meses antes no alcanzaba los 5.000 millones de valor en Bolsa. Como diría Von Clausewitz si tuviese un palco en el Bernabéu: “Los negocios son la continuación del fútbol por otros medios”.


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