Al respecto, enseguida he empezado a ver reacciones en Internet respecto a la falta de uso del término "presunto" en gran cantidad de medios que tratan la noticia. No me extenderé más sobre el tema, pues es algo bastante sobado, y me parece que quienes aguantan con paciencia los ladrillos que escribo esperan algo diferente de este rincón.
Pero, a medida que voy leyendo, viendo y oyendo noticias sobre la investigación, la deformación profesional me lleva a preocuparme cada vez más.
Como sabrán, los execrables crímenes cometidos en esa zona de Madrid han provocado una movilización policial sin precedentes para tratar de identificar al culpable. Se han utilizado todos los recursos materiales y humanos posibles para obtener un nombre, una cara. Lo que me preocupa es que se haya usado alguno de los imposibles. O sea, que las fuerzas del orden hayan cruzado la barrera de lo procesalmente aceptable y tengamos un lío considerable.
Como siempre, tenemos el problema del que les he hablado ya en alguna ocasión: la opinión pública exige resultados inmediatos, una solución para la trama en el plazo aproximado del capítulo de una serie policiaca tipo CSI. Y esto sólo se puede colmar con algo tan instantáneo como la identificación y detención de un sospechoso por parte de la policía.
¿Y ya está? ¿Tenemos un culpable? Ni mucho menos. Si algo deberíamos haber aprendido de sucesos como la denuncia por violación interpuesta en Málaga es la necesidad de esperar resoluciones judiciales que pongan punto final o, cuando menos, punto y seguido a la cuestión. Que aquí todavía queda mucha tela por cortar.
Pero estoy dando muchos rodeos. Vayamos a algo concreto. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 369, regula la forma de practicar la diligencia de reconocimiento en rueda. Ya saben de qué les hablo, las películas lo han convertido en un tópico, hasta el punto de que una obra maestra del género negro como "Sospechosos habituales" lo utilizó como imagen de presentación: varios sujetos puestos contra una pared, con una escala de estaturas, y alguien que debe identificar al criminal desde el otro lado de un vidrio espejado. La idea es que el culpable está rodeado de varias personas de similares características físicas, y el testigo debe ser capaz de acertar con el tipo correcto.
Ahora, recapitulemos sobre el tratamiento de los medios en este caso: nada de fotos difuminadas, ni iniciales. Conocemos su nombre y apellidos, su cara, sus aficiones, antecedentes penales, y hasta se han publicado fotos en las que se le ve levantando pesas, por si acaso su complexión física pudiera ser algún problema. Sinceramente, ¿alguien cree que puede quedar una persona en toda España, con un mínimo interés por este caso, que no sea capaz de identificar al detenido aunque no haya estado nunca a menos de doscientos kilómetros de Madrid? Creo que hasta un recién licenciado en la facultad de Derecho sería capaz de impugnar esa prueba.
Puedo entender la necesidad de mostrar el trofeo cobrado, pero como sigamos proporcionando carnaza a cierta prensa, los mismos programas de televisión que ponen el grito en el cielo sobre asuntos como éste van a conseguir la nulidad del procedimiento antes siquiera de que llegue a juicio.
Por suerte, parece que se han reunido numerosos indicios en este caso. De hecho, como si estuviéramos en un capítulo de “Person of Interest”, nos han contado cómo se exploraban las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los autobuses urbanos de Madrid. Hasta que una de ellas, al parecer, grabó el coche usado por el autor de los hechos, con una de las víctimas dentro.
Cuando oí esto por la tele, mientras comía, estuve a punto de atragantarme con la sopa. Porque hace algún tiempo, leí un interesante artículo en un blog especializado en protección de datos, en el que contaban cómo la grabación de un asesinato por la cámara de seguridad de un portal había sido invalidada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Les recomiendo fervientemente su lectura, y además, la de los comentarios, porque algunos rayan a gran altura jurídica. Y no me refiero al que este humilde plumilla dejó, a vuelapluma, en cuatro o cinco líneas. Es que pueden encontrar sesudas reflexiones como las de un juez al que conoceran, como a Troy McClure, de otros casos mediáticos: se trata del magistrado que instruyó el famoso caso Bretón, el cruel asesinato de los niños Ruth y José a manos de su padre, y que tiene la merecida fama de ser uno de los que más saben de esto de las intervenciones telefónicas, la protección de datos y demás.
Y la cosa tiene su miga, no se crean, porque hace no mucho que la Agencia Vasca de Protección de Datos se pronunció sobre un asunto como el de los autobuses madrileños: concretamente, para poner a escurrir el sistema de videovigilancia implantado en los autobuses urbanos de la Compañia del Tranvía de San Sebastián.
Hace algunos años, leí en “La pizarra de Yuri”, respecto de los accidentes de aviación, que éstos no suceden por una única causa aislada, sino por un conjunto de ellas, ya que poquísimas cosas en este mundo son capaces, por sí solas, de tirar abajo un avión comercial. De la misma manera, la presunción de inocencia no suele decaer por una única evidencia, ya que pocas tienen tal poder probatorio, sino que hacen falta una serie de sólidos indicios. Por lo tanto, una única prueba anulada dentro de una investigación rara vez permitirá que un culpable escape, pero tampoco es cuestión de ir proporcionando a la defensa misiles antiaéreos.
Publicado o 28/09/2014 en www.eldiario.es
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