Las peligrosas amistades del Supremo

Por Luis Fernando Rodríguez Guerrero.

“Habría que someter un poco a una crítica la participación en ese tipo de coloquios con esas esponsorizaciones”. Aunque en apariencia tímida, la respuesta del magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez al ser interrogado la pasada semana sobre la frecuente presencia de algunos de sus compañeros de corte en seminarios o conferencias patrocinados por bancos y grandes empresas tiene un punto de gallardía, porque pone el dedo en la llaga de un pequeño escándalo sobre el que la judicatura siempre ha corrido un tupido velo cómplice.

Los magistrados del Supremo –no solo ellos, pero sobre todo ellos- han disfrutado siempre de dos vías para obtener un complemento salarial a sus abultados emolumentos. La primera es la tutoría o preparación de opositores al ingreso en la carrera judicial, algo hoy en declive desde que el exministro Alberto Ruiz-Gallardón cerró a cal y canto el acceso a la judicatura. Y la segunda vía es la participación remunerada en todo tipo de eventos –cursos, seminarios, jornadas, charlas, coloquios, paneles de expertos…- sufragados por distintos tipos de entidades financieras y compañías mercantiles. También poderosos bufetes jurídicos.

En este último caso, y sin entrar a valorar la estética del hecho, hace ya mucho tiempo que comenzaron a sonar ciertas alarmas entre la comunidad jurídica porque esos bancos o empresas o despachos patrocinadores de actos en los que participan magistrados del Supremo bajo precio suelen ser “clientes” habituales de la administración de Justicia. Y tal y como repite sin descanso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un juez no solo está obligado a ser imparcial –imparcialidad objetiva-, sino que está además obligado a parecerlo –imparcialidad subjetiva– porque ese es un derecho básico del justiciable.


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