Reformar la justicia a peor

Por José María Mena.

J. M. Mena

Todos quieren aparentar que pretenden reformar la administración de justicia, pero ponen especial cuidado en no cambiar nada, o, como ahora parece, en cambiar a peor. Al final del gobierno de Zapatero, el Ministro de justicia Caamaño, que acababa de relevar a Fernández Bermejo, presentó un completísimo y extenso Anteproyecto de reforma de la ley procesal penal que, razonablemente, ya estaría casi completado por el anterior Ministerio. Caamaño lo presentó cuando ya era imposible su tramitación parlamentaria. Y así murió el proyecto socialista.

Gallardón presentó otro Anteproyecto completísimo y extenso redactado, según dicen, por un equipo que dirigía Marchena, ahora Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. También cesó Gallardón y su proyecto de reforma también quedó colgado. Entonces llegó el nuevo Ministro, Catalá, polifacético tecnócrata relacionado con la patronal de la industria del juego. Llegó e inmediatamente presenta esta semana un nuevo Anteproyecto de reforma de la ley procesal penal, que no es más que un refrito desarbolado, parcial y lleno de amputaciones del proyecto de Gallardón, que lo era del proyecto de Caamaño, que lo era del proyecto de Fernández Bermejo.

El Ministro Catalá dice que no hacen falta más jueces, cree que los que hay son suficientes, aunque trabajan despacio. Pero, según parece, solo los jueces de instrucción. Por eso propone que acaben su trabajo en seis meses, y si se trata de casos complicados, en diez y ocho meses. Bien, ¿y si en el tiempo marcado no han acabado, que hará? ¿Archivará el caso, pese a los indicios o videncias y pondrá en libertad al preso preventivo si lo hay? ¿Procesará al juez por su lentitud? ¿Le obligará a pagar a las víctimas o perjudicados?

Muchas veces la lentitud no es cosa de los jueces de instrucción sino de sus superiores, las Audiencias o Tribunales superiores o Tribunal Supremo, que tardan lo indecible, a veces, en resolver los recursos que se interponen contra decisiones de los instructores. Y no consta que el proyecto diga nada sobre estas causas de lentitud.

Por eso parece que la preocupación no recae sobre la lentitud de la justicia sino sobre el trabajo de los instructores. Sobre determinado trabajo de determinados instructores en determinados casos.

El presidente del Tribunal Supremo dijo hace poco que las leyes que regulan los procesos penales en España están previstas para los robagallinas, pero no para los grandes defraudadores. Con esta frase, aparentemente demagógica, se estaba refiriendo, sin duda, a todos los Bárcenas, Urdangarín, los Pujol, o los Gürtel, todavía pendientes de un juez de instrucción. O al constructor Núñez, expresidente del Barça, o a Fabra el del aeropuerto sin aviones, que ya han sido juzgados y condenados pero tras más de diez años desde que cometieron los hechos delictivos hasta que la condena ha sido firme.

Hay que reconocer que es muy difícil concretar los hechos imputables a personajes tan peculiares como estos, que nunca robaron gallinas. Las pruebas son generalmente documentos que casi siempre están en instituciones oficiales o en entidades financieras. No es extraño que unas y otras se resistan a facilitarlas al juez completas, sin ocultaciones y con celeridad. Y cuando esas pruebas documentales están en el extranjero, las dificultades de las comisiones rogatorias internacionales y, sobre todo, las que plantean los paraísos fiscales, Suiza incluida, convierten lo que debiera ser una simple acumulación de datos probatorios en una interminable obstrucción de la investigación. Así los procesos se pueden alargar más de diez años.

Una garantía esencial del proceso es el derecho a recurrir ante los tribunales superiores las decisiones del juez de instrucción, frente a posibles arbitrariedades o excesos de este último. El uso sistemático del derecho al recurso, aún siendo legal, puede ser letal para la necesaria agilidad y celeridad del proceso, especialmente cuando esos tribunales no pueden resolver, o no resuelven, con la celeridad deseable. Unos excelentes equipos de abogados, economistas y otros expertos, altamente cualificados y retribuidos, son capaces de agotar las posibilidades legales y recurrir hasta lo irrecurrible, consiguiendo la eternización desesperante de los procesos.

Frente a los delitos complejísimos de los que no roban gallinas, frente a la gran delincuencia económica y de la corrupción no existen suficientes recursos técnicos en los servicios de la Hacienda Pública para un implacable y total control preventivo de sus defraudaciones, ni para investigar el turbio origen de sus fortunas, y sus correspondientes delitos. Además, esos recursos técnicos están bajo el control político del correspondiente Ministro de Hacienda, cuya imparcialidad queda bajo sospecha en casos relacionados con hechos y personas de su órbita política, social o económica.

Por estas razones a los juzgados no llega toda la información necesaria para la adecuada instrucción y enjuiciamiento de esa compleja delincuencia financiera. Y si llegara, los juzgados no disponen de suficientes medios para asimilar y trasladar a fórmulas jurídicas ese ingente trabajo. De todo ello deriva la lentitud insoportable de la justicia.

En estas condiciones los jueces de instrucción no pueden acelerar más los trámites, por mucho que les pongan fecha de caducidad. El ministro Catalá ha dicho que no hacen falta más jueces, pero tampoco ofrece mejores recursos tecnológicos, ni más equipos de soporte especializado policial o de inspectores de hacienda. El nuevo ministro con su nuevo proyecto, que no es ni nuevo ni proyecto, sólo asegura la imposibilidad de perseguir eficazmente los grandes casos de corrupción. Lo que nunca sabremos es si lo hace por prepotencia, por ignorancia, o a propósito.


Publicado o 05/12/2014 en http://lamentable.org

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