Una Justicia demasiado cara

Por Luis Fernando Rodríguez Guerrero.

El Estado ha recaudado, entre el 17 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014, 512.468.000 euros en concepto de tasas judiciales. Hay otra forma de presentarlo: los ciudadanos han tenido que desembolsar más de 512 millones de euros para acceder a la Justicia desde que entró en vigor la Ley 10/2012 que impulsó el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El dato ha podido conocerse gracias a una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una pregunta formulada a finales del pasado año por un diputado socialista. El ministerio no facilita ninguna otra información al respecto.

Por si a alguien le interesa una mayor precisión, en diciembre de 2012 la recaudación fue de 8.775.000 euros; en 2013 ascendió a 316.536.000 euros, y entre enero y julio de 2014 se recaudaron 187.157.000 euros. Como curiosidad, el 27,23 por ciento del total (139.544.000 euros) procede de las tasas judiciales abonadas por los residentes en la Comunidad de Madrid.

Son cifras ciertas, pero no exactas. Las tasas judiciales las implantó un Gobierno del Partido Popular, pero no el actual, sino el que presidió José María Aznar. Lo hizo mediante la Ley 53/2002, cuyo artículo 35 creó la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional en las jurisdicciones Civil y Contencioso-Administrativo. Algo que pasó casi inadvertido porque el apartado 3 de aquel punto eximió del pago, entre otros supuestos, a las personas físicas y a las pymes, lo que reservó el impuesto especial para las grandes empresas.

Lo que hizo Ruiz-Gallardón fue ampliar el pago de las tasas a todos los ciudadanos y elevar su coste entre 50 y 750 euros, lo que las situó en un abanico de entre 200 y 2.000 euros. Además, extendió su aplicación a la jurisdicción de lo Social, aberración que poco después corrigió en parte y a su manera el propio Supremo.

Es decir, la ley de 2012 ha proporcionado al Estado la diferencia entre lo efectivamente recaudado desde que entró en vigor y lo que ya ingresaban las arcas públicas gracias a la norma vigente desde 2002. Tampoco en este punto hay datos oficiales. Algún voluntario se ha dedicado a comparar las recaudaciones anteriores y posteriores al ‘tasazo’ de Ruiz-Gallardón y ha llegado a la conclusión de que el efecto real de su iniciativa se traduce en unos 200 millones de euros. Ese sería el coste repercutido sobre los ciudadanos que entre diciembre de 2012 y julio de 2014 han acudido a los tribunales en defensa de sus derechos.

Sigue siendo mucho dinero. Los ciudadanos ahora padecen una Justicia lenta, ineficaz y además muy cara. En cambio, las tasas ingresan en la Hacienda pública una cifra despreciable para el presupuesto del Ministerio de Justicia. Así que la ecuación se despeja con un absurdo: el empeño de Ruiz-Gallardón es un instrumento impositivo que no genera beneficio suficiente a cambio de un perjuicio que repercute sobre un amplio espectro de la población.


Ler máis...